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Tengo una gran idea y he identificado y cuantificado a mis potenciales clientes. He hecho números y creo que salen. Tenemos equipo para empezar el partido… Pero ¿cuáles son las normas del juego? Constitución de la Empresa, Registro Mercantil, de Nombres y Marcas, alta en Actividades Económicas, IVA e Impuesto de Sociedades, Normativa Contable, alta en los regímenes de la Seguridad Social pertinentes, Licencia Municipal si procede…

El conjunto de normas y trámites legales que un emprendedor debe conocer y cumplir en cada uno de los niveles administrativos (nacional, regional y municipal), junto con las disposiciones mercantiles, fiscales, laborales, etc. es tan apabullante, que este laberinto es una de las principales barreras (sino la principal barrera) para llevar a la práctica una buena idea de negocio, lo que implica un lucro cesante para el conjunto de la Sociedad, y no solo para el emprendedor.

La proliferación normativa en España ha creado un marco tan complejo, confuso y cambiante, que genera incertidumbre, desincentiva el emprendimiento y eleva los costes fijos de las empresas. Es paradójico que Administraciones de cualquier nivel y color político se vanaglorien del volumen normativo producido, obviando cualquier referencia, tanto a su grado de cumplimiento, como a las consecuencias que ha producido su normativa. Este efecto se agrava aún más cuando una empresa debe de actuar en distintos ámbitos geográficos y se ve sujeta a criterios diferentes (cuando no incompatibles) para los mismos nichos de mercado.

Si la transparencia, claridad y estabilidad de las normas son los principios básicos de la seguridad jurídica, en España estamos bastante lejos de haber alcanzado los niveles adecuados en cada uno de ellos. Es más, la producción normativa parece que nos aleja, en vez de acercarnos.

El informe de la CEOE “Legislar Menos, Legislar Mejor” nos aporta algunas cifras interesantes, aunque preocupantes.

Así, sobre la evolución del Nº Total de Páginas Publicadas en el BOE y en los Boletines Autonómicos desde 2008 hasta 2014, vemos que las disposiciones nacionales ocupan un promedio anual de ~220.000 páginas, frente a las ~750.000 pág. en disposiciones autonómicas. Más preocupante es, sin embargo, la evolución: si partimos el estudio en dos periodos (2008-2011 vs. 2012-2014) vemos que mientras el volumen promedio de las disposiciones naciones ha decrecido un 37%, el autonómico ha crecido un 7%, lo que indica un desplazamiento de la producción normativa hacia un ámbito de regulación más fragmentado y, por consiguiente, que implica un mayor coste y complejidad para los emprendedores que pretendan actuar a nivel nacional. Es también muy llamativa la diferencia de crecimiento entre las diferentes Autonomías, que parece muy difícil de justificar en términos objetivos de necesidades de regulación particulares.

Laberinto Normativo España, Producción Normativa

Otro análisis interesante sería contrastar la producción normativa con el PIB regional y con el Nº de Habitantes de cada Autonomía:

Laberinto Normativo España, Producción Normativa

El primero de los parámetros sería el Nº de páginas publicadas por cada millón de PIB. El segundo sería el Nº de páginas publicadas por cada 1.000 habitantes. Es evidente que las Autonomías más “pequeñas” presentan una sobrecarga normativa mayor: un territorio requiere ser regulado con independencia de su tamaño económico y demográfico. Sin embargo, es fácilmente observable que territorios con PIB similar tienen un Nº de páginas por 1M€ muy diferente; e igualmente pasa si lo referenciamos a habitantes.

Asimismo, comparándonos con los principales países europeos por tamaño económico, vemos que nuestra carga normativa es excesiva. Así, por ejemplo, tanto en el Informe de Barreras Regulatorias de la OCDE, como en el de Carga Legislativa del World Economic Forum, España sale en último y penúltimo lugar respectivamente del conjunto de las 5 principales economías europeas (Alemania, UK, Francia, Italia y España).

En resumen, cuando arranquemos una empresa debemos de ser conscientes de la complejidad de nuestro entorno normativo y procurarnos asesoramiento solvente si no somos expertos en la materia. Si no, corremos el riesgo de ir descubriendo las normas a base de expedientes sancionadores y que esto se lleve por delante nuestra brillante idea de negocio. Y a las Administraciones convencerlas, exigirlas, etc. de que

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Legislar mucho no es legislar mejor

Creo que un deporte en el que tuviéramos que informarnos al principio de cada partido de cómo se juega no tendría demasiados aficionados…

MAIN: Memoria de Análisis de Impacto Normativo

El Real Decreto 1083/2009 establece la obligatoriedad de que toda nueva norma venga acompañada de una Memoria de Análisis de Impacto Normativo (MAIN), en la que debe explicitarse la oportunidad y objetivo de la misma, el análisis pormenorizado de los aspectos normativos que quedan derogados, así como su impacto económico y presupuestario. La versión definitiva de la Memoria debe, además, incluir las consultas realizadas en los trámites de audiencia y los informes o dictámenes exigidos durante la tramitación. En la Ley de 2/2011 de la Economía Sostenible se insiste en la importancia de este análisis de impacto y se precisa los contenidos del mismo.

Lamentablemente, es habitual que la obligación de explicitar el objetivo de la norma se despache con una sucinta redacción y que la memoria económica se limite al impacto presupuestario en la Administración, sin referencias concretas al impacto sobre los agentes económicos.

Respecto a la relación con normas previas, es más frecuente la coletilla genérica en la propia disposición “quedan derogadas las normas de igual o inferior rango que contradigan la presente disposición”, que un análisis detallado en la Memoria de los aspectos normativos que quedan derogados, lo que no hace sino añadir inseguridad jurídica.

La transparencia de una buena Memoria supone una evaluación ex–ante de las normas, y debería de ser condición necesaria para el seguimiento y evaluación ex-post de las mismas. Lo más paradójico es que, para mejorar la producción normativa en España a través de mecanismos de evaluación ex–ante y ex–post de normas y regulaciones, tan solo sería necesario que se cumpliesen las normas ya existentes y que las instituciones funcionasen y cumplieran eficazmente con sus cometidos.

Las razones de por qué no mejora la calidad legislativa, regulatoria y normativa son diversas pero, lamentablemente, gran parte de ellas hay que buscarlas en un mantenimiento artificial de cotos exclusivos de actuación administrativa que, en lugar de perseguir alcanzar la máxima eficiencia, simplemente pretenden mantener los privilegios de grupos específicos (aún a expensas de perjudicar el bien común).

(Extractado de un artículo de Carlos Sebastian, 21.oct.2014 en hayderecho.com http://hayderecho.com/2014/10/21/sobre-la-produccion-normativa-en-espana/)